Grupo de Reflexión Rural Jujuy
Una vez más la violencia sojera arremete contra el suelo y las comunidades. En la localidad de Palma Sola en el oriente jujeño, pleno territorio de selva de yungas, la prepotencia de los empleados de los nuevos barones de la soja arremete a las familias campesinas que desde antiguo habitan el lugar. Los títulos de propiedad perfectos que esgrimen quienes además son funcionarios nacionales y provinciales pasan por encima de los derechos ancestrales y pretenden desalojar a los pocos campesinos que resisten en su tierra.
Un día antes de fin de año una patota de empleados de la firma Kram S.A. que tiene títulos sobre 9.600 Has. de tierras hasta hace poco consideradas fiscales, rompiendo las tranqueras pretendieron pasar sobre los pobladores agrediendo a toda una familia compuesta por un abuelo de 88 años y una abuela de 80, sus hijos y nietos. Ellos iban armados en poderosas camionetas y golpearon a nuestra abuela campesina provocando la defensa de uno de sus hijos que disparó al aire para amedrentarlos. Recularon cobardemente pero tiempo después apareció una comisión policial de la Comisaría local, llevando a toda la familia presa y procesando al hermano mayor por abuso y tenencia de armas. Nuestro amigo estuvo preso todas las fiestas de fin de año y luego de su paso por los tribunales de la ciudad de San Pedro, está procesado.
Caída de agua en las yungas jujeñas. Foto: P. Abraham
Este es el relato crudo de los hechos, que se vienen sucediendo con pasmosa asiduidad desde que la provincia de Jujuy sancionó una Ley de Bosques Nativos en concordancia con la Nación y reglamentó, entre gallos y medianoches, un Plan de Ordenamiento Territorial en exclusiva funcionalidad de los grandes empresarios de la tierra y sin ningún tipo de consulta a la sociedad jujeña.
Cabe recordar que estas familias que desde siempre habitaron con sus animales y sus sembradíos el Lote Fiscal Nº 6, desde hace años vienen efectuando alrededor de 58 denuncias ante la policía local, en sede judicial, en la Dirección de Políticas Ambientales, en la Defensoría del Pueblo de Jujuy y en la Defensoría Nacional. Pero no existen respuestas a tanto atropello que desconoce la vigencia de la Ley de asentamientos rurales y la certificación de desmontes ya promulgadas a nivel nacional pero que no tienen fuerza legal en estas provincias asoladas por los agronegocios y los gobiernos feudales que se reparten la tierra a su gusto y conveniencia.
La familia Mamaní con otras 10 familias del lugar han pasado por todas las etapas del calvario desde que aparecieron las topadoras que desde hace dos años están desmontando miles de hectáreas y ya han sembrado soja transgénica hasta los límites mismos del pueblo nuevo de Palma Sola.
Organizaciones sociales, movimientos ambientales, estudiantes de ciencias agrarias y el Grupo de Reflexión Rural venimos enfrentando estos apoderamientos en busca de una resistencia que no permita tanta destrucción impune. Pero somos ignorados, los medios locales se llaman a silencio, los pobladores urbanos no comprenden el sentido de la lucha y la indiferencia de los funcionarios se torna complicidad cuando sabemos que los que se dicen propietarios detentan el poder político provincial desde el partido gobernante.
Tenemos confirmación de que las zonas de protección que marcaba el mapa de bosques del Plan de Ordenamiento Territorial, ya ha sido cambiado tres veces para facilitar los desmontes, es decir, se van achicando las zonas supuestamente protegidas según las apetencias de los agronegocios. Sabemos también que se están autorizando desmontes colosales (permisos de 1.000Has. o más) sin ningún estudio de impacto, como marca la ley en vigencia. Todo ello forma parte de una concentración de la tierra y el poder nunca vista por los pobladores ancestrales, que se multiplica en los nuevos y preocupantes proyectos agroindustriales que azotan la provincia de Jujuy.
Topadora desmontando en las yungas jujeñas. Foto: P. Abraham
Las leyes sancionadas, en vez de detener los febriles avances productivistas, parece que los aceleran, continuando una lógica implacable de tierra arrasada y soja que pone en serio riesgo los necesarios equilibrios naturales que dieron vida a tanta diversidad y riqueza en un territorio de máxima protección por ser parte del ecosistema de la Selva de Yungas y el Monte Chaqueño, últimos santuarios naturales que nos van quedando.
Los resortes del poder provincial trabajan sin descanso en distintos frentes: alientan la destrucción de miles de hectáreas de pedemonte andino para plantar caña de azúcar para la fábrica de etanol de Ledesma S.A., el gran enclave industrial de Jujuy; promocionan las plantaciones de monocultivos forestales donde antes había selva diversa, impulsan la minería a cielo abierto en la desolada puna jujeña e invierten en nuevos proyectos de uranio y de litio en los maravillosos paisajes de la quebrada de Humahuaca y las altas punas, que fueran pomposamente declaradas “patrimonio natural de la humanidad” por la UNESCO y “Reserva de la Biosfera de Yungas” en el Convenio marco de Protección de la ONU.
La destrucción continúa: en La Candelaria , quizá el lugar de mayor biodiversidad de la selva de Yungas, al lado del Parque Nacional Calilegua, desmontan aceleradamente pasando por encima de las comunidades de indígenas ocloyas, habitantes ellos por milenios de estas selvas y que viven en “reducción” desde las encomiendas hispánicas. Nos hieren en el mismo parque Calilegua con la continuación de las explotaciones petroleras (Pluspetrol) que dejan un reguero de pozos abiertos y contaminantes que derraman sus desechos químicos en los ríos y arroyos de la cuenca del Bermejo y dan de beber a las poblaciones aledañas.
Nos fumigan permanentemente en las 35.000 hectáreas de los valles cálidos dedicadas al tabaco y como graciosa contraparte, promueven y regalan miles de plantines de Stevia Rebaudiana, una exótica productora de azúcar vegetal de uso medicinal, en las empobrecidas tierras que por siempre dieron maíz, quinua, amaranto, papas andinas, y pastos para el ganado de las comunidades.
La violencia en Palma Sola es sólo un ejemplo de lo que nos pasa, es solo un anticipo de las luchas que debemos dar los pobladores de esta tierra para defender lo poco que nos queda de un hábitat armonioso que integraba a los habitantes con su entorno natural y que se va perdiendo irremediablemente.
En una provincia empobrecida, donde la indigencia y la desocupación hacen estragos, donde los recursos provinciales son absolutamente deficitarios y esperamos siempre la ayuda del gobierno nacional, también se produce la siembra de planes sociales y emprendimientos fabriles a contramano de la memoria y los saberes de sus habitantes, generando inmensos aparatos de contención social guiados por una lógica de reparto y encuadramiento que controla férreamente los posibles estallidos y actúa en connivencia con las políticas nacionales y provinciales de apoderamiento.
Palma Sola es un caso testigo, porque desnuda los proyectos de desarrollo que arrasan con la tierra y con la gente, devela los perversos mecanismos de un modelo que ha llegado a nosotros para quedarse y avanzar, aquí donde hace muchos años buscamos refugio para nuestros cansados y perseguidos huesos y donde hicimos un alto en un lugar casi intocado, que la cruda realidad de la globalización está destruyendo.
Ahora vendrán seguramente con los nuevos proyectos de Bonos de Carbono, los nuevos REDD de protección de las selvas, como un saldo contable de las victorias corporativas de Copenhague que llegan inevitablemente a este recóndito lugar de la selva sudamericana.
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