Chaco: Sistemas silvopastoriles que violan la ley de Bosques

28.06.12
Centro Nelson Mandela

Todavía no tenemos datos precisos correspondientes a los últimos años sobre la totalidad de las superficies desmontadas, las que están sometidas a prácticas silvopastoriles y los aprovechamientos forestales para sacar madera del monte. Sin embargo, se señala que se habrían autorizado 133 desmontes durante el año 2011, afectándose una superficie total aproximada de 42 mil hectáreas que serán destinadas a la agricultura. Solo este dato refleja el avance extraordinario del modelo productivo instalado, la extravagante declinación del monte nativo chaqueño y de la biodiversidad.

A su vez, el Director de Bosques anunció por los medios de comunicación que el gobernador le instruyó para que disponga las medidas administrativas para desmontar 40 mil hectáreas en el curso de este año. Si agregamos el avance muy veloz de las autorizaciones silvopastoriles para la cría de ganado y las explotaciones forestales para sacar madera, necesariamente debe entenderse que atravesamos una etapa de altísimos riesgos sociales, sanitarios y ambientales. Si sumamos los desmontes, los silvopastoriles y las explotaciones clandestinas, incluyendo a los que se extienden en superficies mayores a los autorizados por la Dirección de Bosques porque avanzan por sobre los perímetros permitidos, podemos componer un cuadro de situación más completo que nos hace suponer la verdadera dimensión de la superficie del monte que perdemos día a día, que aparentemente no se puede detener como consecuencia de la lógica de los gobernantes y de los productores que prevalecen en un modelo productivo que es fuertemente excluyente en los social y económico y, al mismo tiempo, generador de una alta concentración de la riqueza entre muy pocas personas o empresas.


Silvopastoriles que violan la Ley de Bosques
Pasados los primeros días de junio el gobierno provincial reconoció tácitamente que las prácticas silvopastoriles que había autorizado violaban la Ley de Bosques porque permitieron que se utilizaran topadoras, entre otros aspectos y factores que atentaban contra la preservación del monte y de la biodiversidad. Antes de admitir implícitamente el error, por llamarlo de una manera generosa, un funcionario del Ministerio de la Producción debió viajar a Buenos Aires y reconocer las irregularidades. Este paso ha sido importante como señal que permite suponer un cambio en la concepción política y técnica de las prácticas silvopastoriles. No obstante ello, como casi siempre ocurre cuando existen componendas no reconocidas públicamente, los sectores de la producción se oponen a la decisión de no utilizar topadoras. Argumentan que aumentarán los costos de las prácticas silvopastoriles cuando deban realizar manualmente los desbarejados del monte.

En los últimos recorridos encontramos silvopastoriles con dos irregularidades bien marcadas. Detectamos que no se preservaron 120 árboles por hectárea y no se crían ganado bajo monte, que son aspectos salientes que justifican la existencia de estas prácticas, repetidamente cuestionadas por algunos sectores. Advertimos que no son emprendimientos ganaderos/forestales. Encontramos silvopastoriles quemados, lo que permite suponer que serán destinados a la agricultura. Esto ocurre en el campo identificado por las siguientes coordenadas: S 26° 12.432’ W 061° 39.844’. Las imágenes son representativas en el sentido de demostrar que el silvopastoril ha sido un desmonte encubierto, acelerado por una quema que se produjo el año pasado. En el mismo campo y a poca distancia ya está habilitada una gran chacra.

Más grave que los silvopastoriles, los desmontes y las explotaciones forestales

La juez Grillo se manifestó en términos inusuales apenas se inició la audiencia que se realizó en su juzgado el pasado 21 de junio. Con un lenguaje muy cuidadoso, pero a su vez muy claro y entendible, expuso cuatro preocupaciones. Tras una breve introducción, dijo que llegó a su conocimiento -a través de una fuente que respetaba- que se habría grabado la audiencia anterior sin su consentimiento. Agregó que si eso ocurrió, sería un hecho grave. En segundo término, señaló que la visita de los diputados justicialistas a su juzgado le significó una profunda preocupación, por lo que implicaba o significaba tales presencias. Señaló que el diputado Bergia, con el acuerdo gestual de los restantes legisladores, afirmó que seis de las ocho personas que habían participado de la audiencia anterior dijeron que Rolando Núñez había “manejado la audiencia”. Las expresiones del diputado Bergia evidentemente impactaron en la Dra. Grillo, quién se explayó en profundidad sobre el modo en que se llevó adelante la anterior audiencia, resaltando la participación de todos los asistentes, en pie de igualdad, rescatando su rol de juez y directora de la audiencia. De sus expresiones se pudo interpretar que la presencia de los diputados en su despacho pudo haber significado un factor de presión, inadmisible frente a un magistrado independiente y de la democracia. La tercer preocupación que abordó la Dra. Grillo giró sobre el juicio que se le iniciaría como consecuencia de su desempeño en la causa iniciada por tres comunidades indígenas, que cuenta con sentencia firme -o sea, consentida por las partes- ratificada en dos instancias superiores. Refirió la juez que esta información también había llegado a su despacho a través de la misma fuente y, que si se confirmara, constituiría un hecho de gravedad, que podría dificultar o poner en crisis la tranquilidad espiritual que necesita cualquier magistrado para administrar justicia. La cuarta preocupación que mencionó fue las incompresibles críticas que provocó su decisión de asignar un amicus curiae en la etapa de control que efectúa en lo relativo al cumplimiento de la sentencia que en su momento dictara. Señaló, con toda claridad que había dispuesto la intervención del amigo de la jurisdicción a través de una resolución que fundamentó con amplitud y que las partes consintieron. Antes de terminar de manifestar sus preocupaciones, la juez volvió a repetir que deseaba no ser distorsionada en sus expresiones y en su gestión, lo que permitió suponer que esto ya había ocurrido. Luego de exponer los cuatro puntos, pidió opinión y puntos de vistas. Se expresaron en apoyo de la independencia de los jueces dos de los participantes en la audiencia.

Un caso de extrema gravedad institucional

De las cuatro preocupaciones que destacó la Dra. Grillo, tres son graves. Una de ellas, específicamente la presencia de los legisladores en su despacho y las expresiones del diputado Bergia, es de notable gravedad institucional porque -de hecho- puede significar un conflicto de poderes, hasta la violación por parte de los legisladores de la prohibición que establece en el art. 152 de la Constitución del Chaco, que dispone que en ningún caso los diputados pueden atribuirse el conocimiento de causas judiciales pendientes o terminadas. Esta prohibición está íntimamente relacionada con el respeto que se debe a los jueces por la inviolabilidad funcional e independencia del poder judicial frente a los restantes poderes del Estado. Esta cuestión es muy grave; sin embargo, pasó casi desapercibida en el batifondo de descalificaciones organizadas entre funcionarios y productores para embestir -abierta o desembozadamente- contra la juez Grillo y, en mayor medida, contra Greenpeace y el Centro Mandela. Mientras tanto, se mantiene impune el caso de gravedad institucional generado desde otro poder del Estado.