El avance de la soja y el desmonte y la expulsión de las comunidades criollas y originarias, se suceden con consecuencias desastrosas, ignoradas por los llamados Planes de Ordenamiento Territorial y las leyes de Bosques que no se cumplen. Con el aval de los políticos y la voracidad de los empresarios, que a su paso dejan sólo destrucción, saqueo y hambre. Salta es un ejemplo de la voracidad agroindustrial y la destrucción de los ecosistemas. Reproducimos una nota de los compañeros de Petróleo Sur, testimonios desgarradores de lo que venimos denunciando.
Cuentan que la ruta nacional 81 fue alguna vez un camino de tierra bordeado por el monte. Esa línea, que atraviesa el noreste de Salta y la vecina provincia de Formosa, era casi imposible transitarla en los meses de lluvia. De ese camino de tierra sólo quedan las historias: hoy la ruta 81 forma parte de uno de los corredores bioceánicos requeridos para la integración comercial del Mercosur -una integración que los pobladores ven pasar en camiones de gran porte. Y aquellos árboles, aquel monte, en algunos tramos ha desaparecido totalmente, y en otros, aún resiste el avance de la frontera agropecuaria, la explotación forestal y las exploraciones hidrocarburíferas.
En la Comunidad de La 
Chirola nos encontramos con este testimonio “cuando yo tenía 10 años, no había nada, todo era monte. Ahí uno podía recorrer, buscar todo lo que es del monte, pero llegó un momento, en los últimos años, que uno no puede sacar nada porque todo está alambrado a la vuelta [alrededor]”, cuenta César Saracho, presidente de la misión wichí La Chirola. Su comunidad está en la entrada de Fortín Dragones, a la vera de la ruta 81; a un lado se levanta el pueblo, a los otros, los alambrados de los campos del Grupo Macri y los de un ex alto funcionario provincial -dicen los vecinos. “La situación económica es muy crítica, todo por la gente que viene a comprar lotes, que después desmontan”, acusa.
“La deforestación de la provincia se concentra actualmente en el departamento San Martín y, en forma creciente, en el departamento Rivadavia. Allí es donde se encuentran los principales remanentes el bosque tropical seco del Chaco Salteño. En 2007 fue autorizada la deforestación de una superficie de tierras sin precedentes en aquellos departamentos [435.399 hectáreas], poniendo en gravísimo riesgo la integridad ecológica de una región que […] es el territorio de ocupación tradicional y actual de más de 200 comunidades indígenas”, sostienen Andrés Leake y María de Ecónomo en su informe La deforestación de Salta 2004-2007, publicado en 2008 por la Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana). “En los departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia, habitan más de 23 mil indígenas cazadores-recolectores. Hasta la fecha –y tras décadas de reclamos- sólo han logrado legalizar en forma efectiva sus derechos de propiedad sobre tierras que, en conjunto, constituyen menos del 5% de la superficie afectada por los desmontes propuestos en los últimos tres años y tres meses [807.509 hectáreas]”, subrayan.
Según el informe Territorios Indígenas y Bosques Nativos del Chaco Salteño, la delimitación de territorios indígenas a ser considerados en el proceso de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Salta, publicado en septiembre de 2008 por las organizaciones no gubernamentales Asociana, Fundapaz y Tepeyac, en el extremo sur del departamento San Martín viven alrededor de 1.141 familias indígenas. El área analizada comprendió la zona periurbana de la ciudad de Embarcación y las misiones asentadas sobre las rutas provincial 53 y nacional 81, entre Hickman y Dragones. Las comunidades de esas latitudes delimitaron su territorio en aproximadamente 339 mil hectáreas, de las cuales 65 mil -el 19%- fueron desmontadas.
“Ellos no sé de qué parte vienen, se instalan dentro de nuestro territorio, no nos consultan. Por eso decimos que ellos nos faltan el respeto. Y cuando uno pide algo, le pasan causa [lo denuncian]. Y eso tiene grande error”, continúa Saracho. “Poco a poco nos están corriendo, nos están prohibiendo, y hasta lo último quedamos aquí. Y los lugares que vivíamos mucho más antes… como el lugar que está instalado la empresa Tecpetrol [en la Finca El Yuto, del Grupo Macri], ahí tenemos un cementerio.”
“Si queremos visitar el cementerio nuestro ahí nos toma
n [abren] una causa porque nosotros no respetamos la finca, entramos sin permiso del encargado”, interviene Carlos Aparicio, que también integra la comisión directiva de La Chirola. “Nos prohíben todo, como si fuera que nosotros no somos nativos de acá. Por esa razón estamos encorralados, porque tenemos la finca a la vuelta. Incluso, [si] nosotros queremos sacar una maderita de una finca que está encerrado con la alambre, ya nos caen con estas denuncias… nos persiguen mucho”, relata. “Estamos muy preocupados porque nosotros [nos] vamos multiplicando y menos tierras tenemos. Viene la gente de las empresas, compran, y nosotros seguimos quedando así, sin tierra. Yo pienso que nosotros tenemos el derecho de la tierra.”
La Chirola , que hasta hace pocas décadas disponía de miles de hectáreas para la campiada -la recolección de frutos del monte, caza y pesca-, hoy se encuentra encerrada en tan sólo 11 hectáreas . No muy lejos de allí, también sobre la ruta 81, la comunidad Las Llanas quedó recluida en 2 hectáreas .
La suerte de los criollos -los llamados chaqueños- no es muy diferente. La familia Burgos llegó en 1935 y se instaló a 25 km de Fortín Dragones, hoy suman unas 60 personas. Hasta hace cinco años ocupaban unas 20 mil hectáreas, que dedicaban a la cría de ganado. Para no devastar ese monte seco la carga animal es de 14 hectáreas por cabeza… un promedio imposible de alcanzar en estos días. Hoy, sus vacunos enflaquecidos, mueren de hambre; los esqueletos desparramados por el campo lo testimonian, también la mirada perdida, los movimientos lentos y el cuero pegado a las costillas de los que sobreviven. El monte está pelado, hasta la corteza de los árboles se han comido; quedaron hacinados en 5 mil hectáreas, las otras 15 mil fueron alambradas por la Finca El Yuto. “Se nos van a acabar todas las vacas, nos vamos a quedar sin nada”, dice Ignacio Burgos. En los últimos tres meses perdió más de 100 cabezas.
El desembarco del Grupo Macri, que en 2005 adquirió las fincas El Yuto y La Marianita , marcó la suerte de todos. El campo que ocupaban los Burgos es el mismo que los wichí de Las Llanas y La Chirola recorrían en sus campiadas, es el mismo donde está el cementerio y donde Tecpetrol perfora un pozo.
El 15 de enero de 2007 el gobierno de Salta adjudicó el área Hickman a las empresas Tecpetrol y Petrobras -una superficie de 6.555km², que comprende a la localidad homónima y a Fortín Dragones. De acuerdo al programa de inversión presentado por estas compañías en 2008, el consorcio desembolsaría 18,7 millones de dólares hasta 2012.
Al poco andar, l
a actividad de las petroleras dio lugar a protestas de wichí y chaqueños. En febrero pasado comunidades de diferentes puntos del municipio de Embarcación confluyeron en Dragones, donde mantuvieron cortada la ruta 81 por 45 días. “La empresa ha ingresado a nuestros territorios hace aproximadamente dos años sin haber efectuado ninguna consulta previa a nuestras comunidades y sin haber realizado estudios previos de impacto ambiental”, señala la nota de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo dirigida al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández. “Pese a nuestros reclamos permanentes de paralización de las obras por las razones expuestas, no pudimos entablar ninguna conversación en mesa de diálogo”, continúa la misiva entregada el 13 de octubre.
“Al decidir efectuar un corte de ruta para que alguien atendiera nuestros reclamos, la empresa se presentó en la Unidad Regional Nro 4 y hasta allí fuimos conducidos en móviles policiales para mantener un intercambio de opiniones, estando permanentemente custodiados por personal armado de infantería”, sigue el relato. “La empresa ha intentado quebrar la unidad de nuestras comunidades ofreciendo algunos puestos de trabajo y hasta [la] llave de un vehículo a distintos dirigentes nuestros[,] sin hallar el objetivo buscado.”
“Al presente la empresa sigue trabajando e ignorando nuestros reclamos, los que a su vez fueron dados a conocer al IPPIS [Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta]”, destacan. “Finalmente dejamos constancia que a partir de las medidas de lucha llevadas adelante por nuestras comunidades, no sólo no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la empresa sino que además hemos sido hostigados por personal del Departamento policial de Dragones[,] quienes vestidos de civil y portando armas de fuego[,] se han hecho presentes en la ruta.”
La carta de la Federación Wichí concluye reiterando el pedido de intervención del INAI, que ya fuera formulado en otras oportunidades.
“Nosotros nos ubicamos en el chaco salteño, Departamento San Martín, un área muy amplia de comunidades, desde Embarcación hasta Dragones, en la que habitan de toda la vida hermanos wichí y nosotros, los campesinos. Ahí es donde están las empresas petroleras”, resume José Mamaní, coordinador de comunidades campesinas criollas. “Desde el mismo momento que abren las picadas para hacer los estudios [prospección sísmica], ya nos genera un grave impacto. Al abrir picadas y picadas sale nuestro ganado y por ahí también entran camionetas de cuatreros, que nos roban nuestros animales”, explica Ramón Sánchez de la Comunidad La Golondrina.
Chirola nos encontramos con este testimonio “cuando yo tenía 10 años, no había nada, todo era monte. Ahí uno podía recorrer, buscar todo lo que es del monte, pero llegó un momento, en los últimos años, que uno no puede sacar nada porque todo está alambrado a la vuelta [alrededor]”, cuenta César Saracho, presidente de la misión wichí La Chirola. Su comunidad está en la entrada de Fortín Dragones, a la vera de la ruta 81; a un lado se levanta el pueblo, a los otros, los alambrados de los campos del Grupo Macri y los de un ex alto funcionario provincial -dicen los vecinos. “La situación económica es muy crítica, todo por la gente que viene a comprar lotes, que después desmontan”, acusa.
“La deforestación de la provincia se concentra actualmente en el departamento San Martín y, en forma creciente, en el departamento Rivadavia. Allí es donde se encuentran los principales remanentes el bosque tropical seco del Chaco Salteño. En 2007 fue autorizada la deforestación de una superficie de tierras sin precedentes en aquellos departamentos [435.399 hectáreas], poniendo en gravísimo riesgo la integridad ecológica de una región que […] es el territorio de ocupación tradicional y actual de más de 200 comunidades indígenas”, sostienen Andrés Leake y María de Ecónomo en su informe La deforestación de Salta 2004-2007, publicado en 2008 por la Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana). “En los departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia, habitan más de 23 mil indígenas cazadores-recolectores. Hasta la fecha –y tras décadas de reclamos- sólo han logrado legalizar en forma efectiva sus derechos de propiedad sobre tierras que, en conjunto, constituyen menos del 5% de la superficie afectada por los desmontes propuestos en los últimos tres años y tres meses [807.509 hectáreas]”, subrayan.
Según el informe Territorios Indígenas y Bosques Nativos del Chaco Salteño, la delimitación de territorios indígenas a ser considerados en el proceso de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Salta, publicado en septiembre de 2008 por las organizaciones no gubernamentales Asociana, Fundapaz y Tepeyac, en el extremo sur del departamento San Martín viven alrededor de 1.141 familias indígenas. El área analizada comprendió la zona periurbana de la ciudad de Embarcación y las misiones asentadas sobre las rutas provincial 53 y nacional 81, entre Hickman y Dragones. Las comunidades de esas latitudes delimitaron su territorio en aproximadamente 339 mil hectáreas, de las cuales 65 mil -el 19%- fueron desmontadas.
“Ellos no sé de qué parte vienen, se instalan dentro de nuestro territorio, no nos consultan. Por eso decimos que ellos nos faltan el respeto. Y cuando uno pide algo, le pasan causa [lo denuncian]. Y eso tiene grande error”, continúa Saracho. “Poco a poco nos están corriendo, nos están prohibiendo, y hasta lo último quedamos aquí. Y los lugares que vivíamos mucho más antes… como el lugar que está instalado la empresa Tecpetrol [en la Finca El Yuto, del Grupo Macri], ahí tenemos un cementerio.”
“Si queremos visitar el cementerio nuestro ahí nos toma
n [abren] una causa porque nosotros no respetamos la finca, entramos sin permiso del encargado”, interviene Carlos Aparicio, que también integra la comisión directiva de La Chirola. “Nos prohíben todo, como si fuera que nosotros no somos nativos de acá. Por esa razón estamos encorralados, porque tenemos la finca a la vuelta. Incluso, [si] nosotros queremos sacar una maderita de una finca que está encerrado con la alambre, ya nos caen con estas denuncias… nos persiguen mucho”, relata. “Estamos muy preocupados porque nosotros [nos] vamos multiplicando y menos tierras tenemos. Viene la gente de las empresas, compran, y nosotros seguimos quedando así, sin tierra. Yo pienso que nosotros tenemos el derecho de la tierra.”
La Chirola , que hasta hace pocas décadas disponía de miles de hectáreas para la campiada -la recolección de frutos del monte, caza y pesca-, hoy se encuentra encerrada en tan sólo 11 hectáreas . No muy lejos de allí, también sobre la ruta 81, la comunidad Las Llanas quedó recluida en 2 hectáreas .
La suerte de los criollos -los llamados chaqueños- no es muy diferente. La familia Burgos llegó en 1935 y se instaló a 25 km de Fortín Dragones, hoy suman unas 60 personas. Hasta hace cinco años ocupaban unas 20 mil hectáreas, que dedicaban a la cría de ganado. Para no devastar ese monte seco la carga animal es de 14 hectáreas por cabeza… un promedio imposible de alcanzar en estos días. Hoy, sus vacunos enflaquecidos, mueren de hambre; los esqueletos desparramados por el campo lo testimonian, también la mirada perdida, los movimientos lentos y el cuero pegado a las costillas de los que sobreviven. El monte está pelado, hasta la corteza de los árboles se han comido; quedaron hacinados en 5 mil hectáreas, las otras 15 mil fueron alambradas por la Finca El Yuto. “Se nos van a acabar todas las vacas, nos vamos a quedar sin nada”, dice Ignacio Burgos. En los últimos tres meses perdió más de 100 cabezas.
El desembarco del Grupo Macri, que en 2005 adquirió las fincas El Yuto y La Marianita , marcó la suerte de todos. El campo que ocupaban los Burgos es el mismo que los wichí de Las Llanas y La Chirola recorrían en sus campiadas, es el mismo donde está el cementerio y donde Tecpetrol perfora un pozo.
El 15 de enero de 2007 el gobierno de Salta adjudicó el área Hickman a las empresas Tecpetrol y Petrobras -una superficie de 6.555km², que comprende a la localidad homónima y a Fortín Dragones. De acuerdo al programa de inversión presentado por estas compañías en 2008, el consorcio desembolsaría 18,7 millones de dólares hasta 2012.
Al poco andar, l
a actividad de las petroleras dio lugar a protestas de wichí y chaqueños. En febrero pasado comunidades de diferentes puntos del municipio de Embarcación confluyeron en Dragones, donde mantuvieron cortada la ruta 81 por 45 días. “La empresa ha ingresado a nuestros territorios hace aproximadamente dos años sin haber efectuado ninguna consulta previa a nuestras comunidades y sin haber realizado estudios previos de impacto ambiental”, señala la nota de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo dirigida al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández. “Pese a nuestros reclamos permanentes de paralización de las obras por las razones expuestas, no pudimos entablar ninguna conversación en mesa de diálogo”, continúa la misiva entregada el 13 de octubre.
“Al decidir efectuar un corte de ruta para que alguien atendiera nuestros reclamos, la empresa se presentó en la Unidad Regional Nro 4 y hasta allí fuimos conducidos en móviles policiales para mantener un intercambio de opiniones, estando permanentemente custodiados por personal armado de infantería”, sigue el relato. “La empresa ha intentado quebrar la unidad de nuestras comunidades ofreciendo algunos puestos de trabajo y hasta [la] llave de un vehículo a distintos dirigentes nuestros[,] sin hallar el objetivo buscado.”
“Al presente la empresa sigue trabajando e ignorando nuestros reclamos, los que a su vez fueron dados a conocer al IPPIS [Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta]”, destacan. “Finalmente dejamos constancia que a partir de las medidas de lucha llevadas adelante por nuestras comunidades, no sólo no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la empresa sino que además hemos sido hostigados por personal del Departamento policial de Dragones[,] quienes vestidos de civil y portando armas de fuego[,] se han hecho presentes en la ruta.”
La carta de la Federación Wichí concluye reiterando el pedido de intervención del INAI, que ya fuera formulado en otras oportunidades.
“Nosotros nos ubicamos en el chaco salteño, Departamento San Martín, un área muy amplia de comunidades, desde Embarcación hasta Dragones, en la que habitan de toda la vida hermanos wichí y nosotros, los campesinos. Ahí es donde están las empresas petroleras”, resume José Mamaní, coordinador de comunidades campesinas criollas. “Desde el mismo momento que abren las picadas para hacer los estudios [prospección sísmica], ya nos genera un grave impacto. Al abrir picadas y picadas sale nuestro ganado y por ahí también entran camionetas de cuatreros, que nos roban nuestros animales”, explica Ramón Sánchez de la Comunidad La Golondrina. 
1 comentario:
TODOS ESTOS PROBLEMAS QUE SURGEN ES POR LA GRAN CORRUPCION QUE HAY EN EL NORTE ARGENTINO ENTRE EL PODER POLITICO Y LAS FAMILIAS TRADICIONALES DE LA REGION
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