14.03.12
El proyecto oficial volvió a levantar voces de rechazo entre organizaciones políticas y sociales, que sostienen que la iniciativa encubre un negocio que favorecerá a los capitales saudíes pero perjudicará seriamente a los pobladores de la zona involucrada y a los intereses económicos y ambientales de la provincia.
Así, se dio a conocer ayer en conferencia de prensa realizada en la sede de ATE, donde el referente del Centro Nelson Mandela, Rolando Núñez, y el diputado del bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, más otros voceros y pobladores de la zona expusieron sus argumentos y cuestionamientos.
“Vemos con preocupación cómo el gobierno provincial sigue avanzando desde el silencio en la concreción del convenio con el grupo árabe Al Korayef y la radicación de la empresa brasileña Vetorial en Puerto Vilelas“, expresaron.
Dar participación
En ese sentido desde la Asamblea Popular solicitaron al gobierno provincial que informe con claridad y que dé participación a los chaqueños en el debate y propuestas alternativas “que no signifiquen sacrificar tierras públicas, la deforestación del monte nativo y la emigración de los habitantes de la zona donde se pretende concretar el mega emprendimiento forestal y agroalimentario”.
Sostuvieron que los recientes anuncios sobre la afectación de 60.000 hectáreas por parte del Instituto de Colonización de tierras fiscales del departamento Güemes al Ministerio de Hacienda y Finanzas, que serían destinadas a la Corporación Forestal (Corfor), “nos hace deducir que es una maniobra realizada desde el Instituto de Colonización, como una forma de dar una supuesta legalidad a la entrega tierras para llevar adelante el megaproyecto de saudí de agricultura intensiva que será destinado al reino de Arabia Saudita, quien tiene un proyecto global de expansión territorial para producir alimentos que satisfagan sus requerimientos”.
“Los reiterados anuncios hablan de inversores, cuando en realidad tomaremos un crédito de 400 millones de dólares, que lo pagaremos los chaqueños, para que lo aprovechen los saudíes, tampoco mencionan el capital que le entregamos”, expresaron.
A eso sumaron que frente a las denuncias que vienen realizando las comunidades originarias y los habitantes de la zona, junto a numerosas organizaciones sociales, gremiales, culturales y políticas “ha obligado al gobierno provincial a cambiar sus planes originales de entrega de nuestro patrimonio a capitales saudíes”.
Al respecto, dijeron que está provocando con esto “la violación sistemática de nuestra Constitución provincial, en sus artículos 42 y 43 sobre la entrega de tierras públicas, las leyes 2913 Ley de Tierras, la ley 4180 (Consejo Adjudicador de la Tierra Pública) y la ley 6409 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, adecuada a la Ley Nacional N° 26331″.
Manifestaron que este megaproyecto de producción extractiva está “violando el espíritu de nuestra Constitución que es muy clara al marcar los lineamientos y principios sobre los que se enmarca el régimen de las tierras, y dice expresamente que deben ser distribuidas por unidades económicas de tipo familiar y la entrega y adjudicación debe ser preferentemente a esas personas como así también a aborígenes o asociaciones cooperativas, expresamente se prohíbe cederlas a sociedades anónimas, comerciales o mercantiles”.
Paradigma nocivo
“Denunciamos el avance de este tipo de modelo de producción extractiva que se encuentra en la misma línea de los grandes emprendimientos del monocultivo sojero o la minería a cielo abierto. Matriz ligada al saqueo de nuestras riquezas, que ocasionará más pobreza y riesgo social para las poblaciones más vulnerables de nuestra provincia”, dijeron.
Sostuvieron que este “tipo de paradigma de mega emprendimientos y de industrias de alto riesgo ambiental no va a generar desarrollo, trabajo y progreso para los chaqueños, como pretende afirmar la publicidad de gobierno Y además en consonancia con lo manifestado en la asamblea de productores de las localidades Wíchí-EI Pintado, rechazamos de plano todo proyecto que implique concentración de tierra en manos de empresarios que terminarán desalojando y despojando de sus tierras a los campesinos que habitan históricamente esos lugares y son los poseedores con derecho propio que nuestro Estado chaqueño no los reconoce como tales”.
Por último, manifestaron su adhesión y apoyo a la declaración realizada por los pobladores y organizaciones de la zona del ínterfluvio entre Misión Nueva Pompeya y Wichí-EI Pintado “quienes expresaron enérgico rechazo a la entrega de estas tierras a cualquiera que no sea sus legítimos dueños”.
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