Octubre 2009
En los últimos años se han acelerado los procesos de destrucción de nuestros bosques nativos sometidos a un implacable proceso de desmonte por un modelo extractivo y productivista sin parangón en la historia argentina.
En las provincias del norte (Tucumán, Salta y Jujuy) se encuentra uno de los reservorios de biodiversidad más importante del país. En la vertiente oriental de las montañas andinas, la selva de montaña penetra como una cuña verde desde Bolivia hasta el sur de Tucumán y se extiende hacia el este en las formaciones del monte chaqueño, conformando un ambiente particular que durante milenios albergó una armoniosa convivencia del hombre con su entorno.
La presión de los agronegocios sobre la zona ha hecho insostenible el necesario equilibrio ecológico, quebrado por el avance de los cultivos de caña de azúcar, la agresión petrolera, el desmonte, la tala indiscriminada y los recientes avances de la frontera sojera, ávida de nuevas tierras para devastar.
A este sombrío panorama debemos agregar los recientes proyectos forestales estimulados desde las esferas gubernamentales, controlados por las grandes empresas madereras y pasteras, que encuentran su culminación en el Congreso Mundial Forestal, intentando posicionar a la Argentina entre los países laboratorios del monocultivo arbóreo, exótico y transgénico, con consecuencias imprevisibles para estos delicados equilibrios ecológicos.
A partir de la Ley de Bosques nativos y sus reglamentos provinciales se produjo un verdadero reposicionamiento de la avidez productivista que cuenta ahora con un ordenamiento a su medida y que hipoteca irremediablemente el patrimonio común a todos los habitantes, legitimando la apropiación de la biodiversidad y la anunciada catástrofe inminente.
Ante estos hechos, nuestra postura es clara: no avanzar un paso más sobre los bosques nativos.
La ley de bosques se convierte así en una disputa por el territorio; un territorio fragmentado en zonas de explotación diferenciada que no fueron consensuadas debidamente, que priorizan la apropiación por parte de los señores del agronegocio (soja, caña y madera) en detrimento del acceso a la tierra de los auténticos pobladores de los montes y selvas. Pero también esta ley es para nosotros la herramienta adecuada si logramos llenarla de gente, contenidos, argumentos y lucha.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en una primera lectura no afecta los intereses del sector empresarial, es más alienta su avance, alimenta la concentración de tierras, legitima los desmontes y genera mapas de color que varían sus tonalidades (rojo, amarillo o verde) de acuerdo a las tensiones sociopolíticas de los diferentes actores. De esta manera, el Estado argentino crea una solución ficticia al simular poner límites a la voracidad empresarial a través de esta diferenciación.
Tan poco color rojo, tan pocas zonas protegidas nos conmueven; no se cambia la composición de las áreas protegidas preexistentes (parques nacionales, reservas provinciales, áreas municipales) sino que se legitiman las rupturas de las continuidades ecológicas, se omite contemplar las áreas de transición y se produce un desbalance absoluto entre las actividades productivas y las políticas de protección.
Una consecuencia perversa de la ley es que al provincializar las reglamentaciones, muchas veces son los intereses provinciales los que producen el color de las zonas, pasando por alto absurdamente la integridad ecológica de los sistemas y fragmentando una necesaria mirada regional ausente.
Las zonas de color amarillo comprenden más del 50% del territorio boscoso de las provincias del noroeste argentino (Tucumán 52%, Salta 65%, Jujuy 62%), dejando así cautivas amplias zonas selváticas para futuras explotaciones extractivas. Tenemos la convicción de que estas zonas pintadas en amarillo tienen un único sentido: virar hacia el verde, hacia el apoderamiento, en las futuras revisiones territoriales, y nunca hacia el rojo, hacia la protección salvadora.
El color verde ocupa alrededor del 20% del territorio boscoso, son los lugares donde existe un proceso inmediato de desmonte, donde ya los grandes ingenios azucareros y los sojeros prominentes han planificado sus futuras plantaciones. Aquí se consiente al Ingenio Ledesma, emblemático polo agroindustrial, arrasar con 10.000 has. de pedemonte para plantar más caña de azúcar, indispensable en su proyecto de etanol como suplemento de los combustibles fósiles; aquí se acepta la expansión de los grandes sojeros salteños sobre miles de has. de monte chaqueño y se reafirman las plantaciones de exóticas forestales (cedro toona, pinos y eucaliptos).
No es casual que las zonas verdes contengan las ciudades y los pueblos con mayor asentamiento poblacional, porque allí los costos son menores y la producción primaria se acerca a los mercados. En esas zonas se da una pelea paralela: la lucha por las cuencas hídricas, se va a regar tanto que va a faltar el agua para consumo humano.
Por lo tanto, entendemos que los POT enmascaran los avances del modelo agro-exportador, maquillan los planes ya concertados de insistir en la depredación de los bienes comunes tras un proyecto de mayor volumen de exportación de comodities, de reserva energética para las sociedades avanzadas.
Tenemos derecho a preguntar: ¿Qué quedará de nuestros bosques nativos dentro de 5 años, cuando se reformulen las zonas y colores tal cual lo establece la ley? Hoy podemos adelantar algunos de los impactos ecológicos y sociales que sufriremos. Desertización acentuada, salinización de las tierras, arrasamiento de cuencas hídricas, destrucción de los hábitats de las últimas especies protegidas (como el tatú carreta); y los impactos sociales irreversibles en las comunidades originarias, nativos y criollos, por acción de los agrotóxicos, por la migración forzada a los márgenes de las poblaciones, la pobreza y la desnutrición.
Pero esto no es todo, de la mano de las plantaciones industriales, el agotamiento de la fertilidad de la tierra será la excusa necesaria para implantar el desierto verde de los árboles tránsgénicos, herederos universales de la devastación sojera.
Todo ello consolida un panorama sumamente preocupante para quiénes estamos empeñados en respetar los pactos naturales que nos han permitido arraigar, crecer y reproducirnos dentro y con nuestra madre tierra.
Pero estamos por ello mismo, obligados a dar una respuesta que instale en la sociedad la convicción de que este camino sin retorno puede detenerse. Las propuestas están a la mano, sólo falta voluntad política de no empeñar el futuro de los argentinos.
La primera propuesta es la de no avanzar sobre los bosques que aún permanecen, degradados o no, y esto debe hacerse con una mirada proteccionista, no pensar en cuánto más puede extraerse de las nobles maderas que están de pie.
Inmediato plan de restauración de los bosques degradados, teniendo en cuenta los tiempos de recuperación de la masa vegetal autóctona.
Fiscalización que incluya a las zonas verdes, para que no sean prenda de canje de los sectores conservados, fiscalización que debe hacerse con la participación de las diversas comunidades que allí habitan y de las organizaciones sociales, es decir, asignarle valor humano y social a la Ley de Bosques para que no sea una variable del Presupuesto nacional.
Generar un proceso de contracertificación social producto de los talleres de capacitación en ordenamiento territorial para que la certificación de Aptitud Forestal no quede a criterio de las empresas interesadas en la rentabilidad como núcleo programático
Imponer el color rojo en amplias zonas degradadas y fijar plazos de recuperación, aún cuando se trate de tierras en manos privadas.
Establecer el uso estricto de los presupuestos que ordena la ley en recuperación y no en fomento de la extracción.
Sacar a los mapas de ordenamiento territorial de la escala provincial para instalarlos en la influencia de los departamentos y municipalidades a quienes concierne su manejo primario.
Legitimar las propiedades comunitarias y la permanencia de poblaciones antiguas obedeciendo al derecho de uso consuetudinario y de habitabilidad demostrada.
Todo ello en el marco de una Emergencia Forestal ampliada y en una moratoria sobre el total de las zonas hasta que pueda hacerse efectivo un verdadero ordenamiento ecológico y social sin presiones empresarias y sin complicidades provinciales.
Sabemos de qué hablamos, porque padecemos la degradación acentuada en los últimos años, porque en pocos años perdimos el 70% de nuestros bosques, porque llegan ahora los árboles transgénicos (desde los centros tecnológicos de genética forestal, también desde el INTA), porque las estadísticas de desmonte no reflejan una realidad que habría que multiplicar hasta 40 veces según declaraciones de los propios empresarios madereros.
Porque también entendemos que algunas organizaciones bien intencionadas reforestan con especies autóctonas pequeñas zonas, que financian organismos internacionales, y que sólo sirven para maquillar las responsabilidades de los depredadores.
A veces las cifras son implacables pero dicen mucho: En los primeros años del siglo XX nuestro país tenía 100 millones de has. de bosques nativos en buen estado; hoy tiene solamente 30 millones de has. en su mayoría degradadas.
Comprendamos que los bosques no son únicamente madera comercial, son vida en su más alta complejidad, son los techos más altos de biodiversidad y de riqueza que puede haber en nuestra patria.
Nada que esté hecho de madera es más importante que un árbol.
Red en defensa del monte, del bosque y de la selva.
Organizaciones y comunidades de Tucumán, Salta y Jujuy.
Grupo de Reflexión Rural
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