Discurso frente a la Audiencia Pública por la Ley de Bosques

Córdoba, 21 de mayo de 2009

Por colectivo Paren de Fumigar Córdoba
GRR

Hoy conviven agroecosistemas productivos sumidos a los agronegocios, y otros de economías regionales en equilibrio con el monte nativo amenazados por la expansión de la frontera agroindustrial y agroenergética. Los fuertes impactos sanitarios y ambientales han hecho que los diversos pueblos se organizaran para enfrentar al flagelo. No solo ciudadanos que después de muchos años de bronca y lucha lograron instruirse en materia ambiental, legislativa, jurídica, o técnica, también hay profesionales que desde su ejercicio se comprometieron activamente a ser soldados en el ojo de las tormentas académicas oficialistas al modelo.

El mapa mundial no es estanco, se redibuja constantemente, y en boca de los mismos empresarios que instalaron la soja, podemos escuchar que se viene la segunda revolución verde. Los llamados cultivos bioenergéticos que sostienen aun más este modelo de paquetes tecnológicos multinacionales, continuarán desplazando el alimento por monocultivos de soja, canola, maíz, caña y ahora jatropha, a pesar que SENASA todavía no ha permitido su cultivo. Los empresarios reconocen la intención lobbista de presión al estado, con nuevas leyes que los protejan, y allí tendremos que dar batalla. Esta ley es una de las primeras armas realmente útil.

El artículo 14, sobre la prohibición de biocidas y plaguicidas cuando se afecten sitios de valor cultural, y poblaciones o territorios de pueblos originarios y campesinos, es de gran aporte. Sobre todo cuando se lesionen los derechos de poseedores, considerando que la afectación sanitaria y el impacto ambiental sobre los pueblos vecinos, remite a la violación sistemática de los derechos humanos.

También vemos que los artículos 15 y 37 apuestan a un genuino ejercicio del derecho a la autodeterminación, cuando expresa que todo proyecto de aprovechamiento de los espacios cultivables, no podrá ser autorizado sin el consentimiento de las comunidades enclavadas y organizadas en esos espacios territoriales.

La ley también expresa en muchos de sus artículos como el 12, la necesidad urgente de proteger las cuencas hídricas. Considerando por ejemplo la grave situación en que se encuentra el canal abierto del Dique los Molinos, sometido a la constante aplicación de agrotoxicos que contaminan el agua del sur de la ciudad, sin que Aguas Cordobesas realice algún tratamiento químico.

Después de que Barrio Ituzaingó fuera declarado por la OPS como altamente contaminado, pedimos al Equipo de Salud de Nación, que consideraran nuestra participación activa y analítica sobre el resto de las comunidades afectadas por agrotóxicos. Pedido que hasta el día de hoy es desoído. Por tal motivo, es que en la misma línea de acción, vemos que una posibilidad real de tener en cuenta la voz de los pueblos fumigados organizados, será lo contemplado en los artículos 22 y 23, al momento de armarse La Unidad Ejecutora, de la cual solicitamos ser partes.

Tomando lo establecido en los artículos 59 y 60, creemos que es de importancia crucial la prohibición de aplicaciones agroquímicas en los sectores de categorías I y II, y después de aprobar la ley, activar conjuntamente controles acordes a las coyunturas productivas de las zonas enmarcadas bajo la categoría III. Aquí es donde el estado nacional debería construir una ley de agroquímicos, bajo esta misma forma participativa, y exhortando al SENASA para un control real sobre los agroquímicos ingresados al país.

También pedir la derogación de la actual ley provincial de agroquímicos, y participativamente proyectar una ley nueva que contemple las diversas realidades sociales que integran la provincia. Construida incluso con el aporte de las comunas y municipios que empiecen a establecer ordenanzas protectoras de la salud, del ambiente, y sus economías regionales.

Por todo lo expuesto es que solicitamos, la aprobación urgente de esta ley de ordenamiento territorial, para conseguir de una vez por todas los derechos humanos que hace 10 años venimos exigiendo sin ser escuchados. Esta ley sienta un precedente histórico, y nos permite proyectarnos para poder revertir los sistemas agroproductivos, que en vez de subsanar las necesidades básicas de alimentación, hoy atentan contra la vida. Las leyes de agroquímicos y de bosques no pueden ser tratadas independientemente, necesitan actuar sinérgicamente para poder pensar un futuro de soberanía alimentaria real.